A medida que el narcotráfico y el crimen organizado se abren camino en el mundo, el blanqueo de capitales o lavado de activos se convierte en una preocupación mayor para multinacionales con operaciones en regiones plagadas de corrupción.
El lavado de activos es el delito que busca ocultar o disimular el origen ilícito del dinero o de bienes, una práctica que se ha extendido entre empleados corporativos que ven la oportunidad de obtener beneficios a cambio de favores. Al mismo tiempo, puede ser dinero sucio que las multinacionales pagan a funcionarios de un gobierno para generar nuevos negocios y aumentar sus ingresos.
Estados Unidos, bajo la administración del Presidente Joe Biden, está fortaleciendo la estrategia anticorrupción, y para abordar este delito concretamente, se está enfocando en dos áreas principales:
- Endurecer la regulación de las transacciones inmobiliarias, especialmente las que se realizan en efectivo.
- Fortalecer la regulación sobre la creación y uso de empresas fantasma.
Por un lado, se pretende regular el mercado inmobiliario, ya que este es utilizado para lavar dinero, ofrecer sobornos y malversar fondos provenientes del narcotráfico y el crimen organizado. Son muchas las empresas o profesionales que se pueden ver involucrados, incluso sin saberlo, al facilitar la compra/venta de bienes inmuebles.
De hecho, expertos del Global Financial Integrity (GFI) estimaron que en los últimos cinco años, al menos US $2.300 millones de dinero sucio se habrían lavado a través de transacciones inmobiliarias en Estados Unidos.
De esta forma, se propone implementar mecanismos para identificar mejor a los compradores de inmuebles, a los agentes vendedores y profundizar los requisitos de presentación de informes sobre transacciones a las autoridades, especialmente cuando se trate de operaciones en efectivo, sin importar la cantidad ni donde se realice.
En relación a la mayor fiscalización de empresas fantasmas, lo que se busca es conocer a los dueños finales de las empresas, en especial de aquellas que cuentan con entramados complejos para esconder el destino final del dinero sucio. La administración de Biden busca combatir la corrupción a través de la detección de las empresas utilizadas como fachada y así desincentivar esta práctica tan común en el mercado de bienes raíces en lugares como Miami y Nueva York.
Por otro lado, muy pronto entrará en vigencia la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) en Estados Unidos. Esta ley creará un registro de beneficiarios finales de empresas, para una mayor transparencia financiera y comercial, lo que al menos le complicará la forma de operar a los lavadores de dinero.
La CTA, que forma parte de la Ley contra el Blanqueo de Capitales de 2020, estableció requisitos de información sobre la propiedad efectiva para determinados tipos de sociedades, como de responsabilidad limitada y otras entidades similares creadas o registradas para hacer negocios en Estados Unidos, según la Red de Aplicación de los Delitos Financieros (FinCEN). El objetivo es desalentar las actividades de blanqueo de capitales.
Con esto, las compañías creadas en Estados Unidos deberán informar quienes son sus propietarios, estableciéndose una base de datos que será mantenida por la FinCEN, y que velará por su cumplimiento. Si las empresas obligadas a reportar no lo hacen, podrían enfrentar importantes sanciones tanto civiles como penales.
El narcotráfico, lavado de activos, el crimen organizado y el enriquecimiento ilícito están lejos de ser una ficción de Hollywood. Si bien todas las normas y acciones orientadas a evitar estos delitos o aumentar las sanciones son importantes, también lo es lo que haga cada uno en materia de prevención. Es fundamental que compañías con operaciones en países donde la corrupción se ha institucionalizado tomen todas las medidas necesarias para evitar verse –directa o indirectamente- involucradas en lavado de activos y conocer bien a sus clientes y proveedores para no caer en testaferros. Debe ser prioridad realizar el due diligence, y conocer con quién están haciendo negocios, quién se está beneficiando o a quién están contratando. En épocas de crisis como la que vivimos, es más fácil caer en las redes del narcotráfico, dada la disminución de controles y protocolos, y la necesidad de dinero fácil.
Las posibilidades de ser parte de un ilícito, están más cerca de lo que pensamos.
