El martes 11 de octubre, la Fiscal General de Perú, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo ante el Congreso, horas después de un allanamiento de viviendas de legisladores, funcionarios, amigos y de la hermana del mandatario.
Los presidentes en Perú cuentan con inmunidad y normalmente no pueden ser acusados de delitos criminales. De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.
Esta denuncia constitucional representa un paso relevante para levantar la restricción de inmunidad, en una de las medidas más agresivas tomadas contra Castillo desde que llegó al poder.
En concreto, al mandatario -que asumió al poder en julio de 2021- se le imputa ser el líder de una organización criminal de una estructura vertical, tráfico de influencias agravado y colusión, agravada en su condición de líder.
Según la Fiscalía, la supuesta red criminal liderada por el mandatario operó en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y Petro-Perú. De hecho, la denuncia también incluye a los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda).
‘Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas’, dijo la fiscal Benavides.
También se indaga a legisladores de un partido centrista del Congreso, dominado por la oposición, por supuestamente beneficiarse con obras públicas y colocar a funcionarios en puestos clave, a cambio de apoyar la gestión del mandatario.
FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
La Fiscalía señala que el Presidente Castillo es el líder de la organización, quien “planificó, organizó, dirigió y controló actividades criminales de la organización valiéndose de su posición de jefe de Estado”.
Luego, se valía de diversos órganos operativos:
- Gabinete en la sombra: habría financiado y/o colaborado con la campaña electoral de Castillo, ejercieron influencia sobre el mandatario y tomaban decisiones en los ministerios mencionados, para copar con personal de confianza y controlar las contrataciones, direccionando las obras a empresas cuyos representantes integraban la organización criminal.
- Órgano congresal: tenían como función dar respaldo a la gestión de Castillo, votando en contra de mociones de vacancia, censuras e interpelaciones de ministros y emitiendo votos a favor de la cuestión de confianza planteada por el Poder Ejecutivo. También habrían ofrecido a particulares obtener puestos de trabajo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el Ministerio de Vivienda, a cambio de lo cual habrían obtenido beneficios económicos ilícitos por parte de esos particulares.
- Brazo familiar: coordinaba, gestionaba y viabilizaba el direccionamiento de procesos de contratación que se daban en diversas entidades del Estado. Lo integraba la Primera dama Lilia Paredes y familiares, como su hermana Yenifer Paredes, y los sobrinos de Pedro Castillo: Fray Vásquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez, quienes están prófugos de la justicia.
- Brazo lobista: a cargo de gestionar los intereses económicos de la organización, a través de la captación de empresarios con la finalidad de ofrecerles obras y/o licitaciones a cambio de grandes beneficios económicos. Entre ellos figuraba la empresaria, Karelim López, quien se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada.
- Brazo obstruccionista: Su papel era intimidar a los testigos y/o colaboradores que participaban (o han participado) en las actividades del grupo delictivo. Con ese fin desplegaban actos de persecución y hostigamientos contra los operadores de la justicia dispuestos a investigarlos.
- Brazo ministerial y altos funcionarios: tenían como función transmitir la orden impartida por el líder de la organización a la parte inferior de la estructura piramidal. Su accionar dotaba de una apariencia de legalidad a la organización criminal para cumplir su cometido.
La fiscal Benavides también dijo que se estaba produciendo «una feroz obstrucción a la justicia» desde esa red. Una de sus acciones fue confirmada por el colaborador eficaz CE-04-2022-EFICCOP quien dijo que se “quemaron cuadernos de ocurrencias y desaparecieron celulares de los edecanes del presidente Castillo”. El hecho habría ocurrido en diciembre del 2021, cuando se tenía previsto el allanamiento a Palacio de Gobierno por el Caso Petro-Perú. La acción fue realizada por el entonces subsecretario general Beder Camacho por orden del mandatario
Recordemos que Castillo afronta seis investigaciones fiscales, cinco de ellas a cargo de la Fiscalía, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, de dirigir una organización criminal y hasta de plagio de su tesis de maestría de profesor.
Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habría solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.
Castillo fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.
El presidente Castillo se defendió en una pauta de prensa con medios internacionales y dijo que «no hay ningún fundamento real» y «esas acusaciones son orquestadas». Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha «una nueva modalidad de golpe de Estado en Perú».
