Recientemente la OCDE actualizó los Principios de Gobierno Corporativo tanto de sus países miembros como los del G20, documento que busca ayudar a los legisladores a evaluar y mejorar el marco legal, regulatorio e institucional para el gobierno corporativo, con el objetivo de favorecer la eficiencia económica, la estabilidad financiera y el crecimiento económico sostenible.
Las directrices fueron actualizadas para reflejar los últimos avances en los mercados de capitales y en las políticas y prácticas de gobierno corporativo, lo que motivó a BH Compliance a organizar un webinar en el que se abordaron tanto las novedades que incorporan los Principios de Gobierno Corporativo del G20 y de la OCDE, como las implicancias que este documento tiene para los reguladores y empresas privadas de nuestro país y de América Latina.
En la ocasión se abordaron las principales novedades que incorporan estos principios, qué aspectos deben considerar las empresas y los desafíos que tendrá para América Latina en general, y Chile en particular, adaptarse a las tendencias emergentes en materia de gobierno corporativo.
Alejandra Medina, Financial Economist de la OCDE, inició las exposiciones explicando en qué consisten los seis pilares de los principios: cómo tener un marco eficaz de gobierno corporativo; derechos y tratamiento equitativo de los accionistas y las funciones clave de la propiedad; inversionistas institucionales, mercados de valores y otros intermediarios; divulgación de información y transparencia; las responsabilidades del directorio, y por último un nuevo capítulo sobre sustentabilidad y resiliencia. Si bien indicó que no hay una obligación legal de aplicarlos, estos son el estándar al cual todo país debe apuntar, implementándolos de la manera que mejor se adapte a su cultura.
Por último, detalló que las prioridades estratégicas de los principios son promover el acceso al financiamiento, la innovación y el emprendimiento; proporcionar un marco para proteger a los inversionistas, y apoyar la sustentabilidad y la resiliencia en el sector empresarial.
A continuación, Mauricio Larraín, profesor de la Universidad de Los Andes y ex comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), abordó los cambios y avances recientes que ha habido en Chile respecto al marco regulatorio y legislativo de los gobiernos corporativos, cómo se relacionan con los principios de la OCDE y cuáles son los principales desafíos que los gobiernos corporativos enfrentan en Latinoamérica.
Calificó a la Norma 461 como el principal de esos avances, ya que exige a las empresas reportar una memoria integrada, explicando cómo integra las temáticas ambientales y sociales en su gobierno corporativo y en sus decisiones estratégicas. También mencionó la norma dictada por la Superintendencia de Pensiones sobre sostenibilidad en políticas de las AFP; la política de habitualidad en las operaciones entre partes relacionadas (OPR); la posibilidad de que las juntas de accionistas se puedan hacer de manera remota (impulsada por la pandemia), y finalmente el período de bloqueo que impide a directores y ejecutivos utilizar información privilegiada previo a la divulgación de los estados financieros de la empresa.
Aunque valoró estos avances, detalló una serie de aspectos en los que falta por materializar, como la creación de un código de gobierno corporativo, mecanismos para elevar la participación femenina en los directorios -donde Chile sigue estando bajo el promedio OCDE- y la implementación de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, entre otros.
Desde Colombia, Francisco Prada, Corporate Governance Officer de la International Finance Corporation (IFC), se refirió al estado en el que se encuentran los temas de gobernanza en América Latina, señalando que en el caso de Chile el mayor desafío es el de la integración. Mencionó como ejemplo el caso de la bolsa, que está integrando sus operaciones con sus similares de Colombia y Perú, por lo que tienen el desafío de implementar los principios de la OCDE en los tres países pese a que responden a modelos distintos. Por eso, sostuvo que los reguladores deberán implementar los principios de una manera en que sean interoperables para que sea más fácil trabajar con ellos. Recordó que una encuesta realizada a 900 miembros de directorios en América Latina arrojó que un 69% de las empresas tienen una estrategia de sostenibilidad, pese a que un 59% no tiene a un experto en la materia y solo un 23% ha establecido KPIs para medir el rendimiento. En su opinión, eso demuestra el reto que implica la implementación de los principios de la OCDE para que se incluyan de manera efectiva en la cultura corporativa y la toma de decisiones.
Por último, Susana Sierra, CEO de BH Compliance, resaltó la importancia de entender que la gobernanza va mucho más allá de la efectividad del directorio, sino que abarca áreas como las compensaciones y remuneraciones, la política de los incentivos y la relación con los stakeholders, entre otras. Por ello hizo un llamado a unirse al “Movimiento por la G” y cambiar el orden de las letras del ESG a GSE, considerando que la OCDE aportó muchos contenidos para trabajar en la gobernanza y que en lugar de esperar a que se dicten leyes para implementar estos temas, las empresas se adelanten y apliquen estos principios, para ser más competitivas y estar en línea con los más altos estándares mundiales.
